Tercer artículo sobre Hidroituango
Quiero
hablar de BOOMT pero permítanme un comentario a una noticia reciente.
El día
martes 7 de diciembre en varios medios
de comunicación se dio como un hecho que las compañías de seguros
-específicamente Mapre y Sura -
pagarían 4,2 billones de pesos
que la Contraloría estableció como detrimento. Una solución que la Contraloría acepta a regañadientes y deja muy
aburridos a Quintero y Pérez.
Hace
unas semanas el gobernador Aníbal Gaviria planteó que “la solución en Hidroituango es, ha sido
y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”. El alcalde
Quintero replicó: “que los aseguradores paguen los daños es una pésima noticia
y envía un mal mensaje”. Dando la razón
a quienes han dicho que algunas de sus medidas parecían dirigidas a bloquear el
pago de los seguros.
Son
muchas las personas y entidades que han dicho que el proceso natural en Hidroituango,
una vez que no se halló robo o corrupción y no se encontraron tampoco pruebas
de procederes incorrectos, era que los aseguradores del proyecto cubrieran las
pérdidas.
Pero a
la Contraloría, ni al alcalde Quintero, ni a sus socios políticos, les interesa
recuperar el patrimonio público. Lo que se han propuesto, con motivaciones
electorales, es lo que comúnmente se llama “asesinato de carácter”: destruir la
solvencia moral de las 26 personas y empresas implicadas, sin prueba
alguna convencer a la comunidad de que actuaron con propósitos criminales,
alteraron diseños, desmejoraron materiales, sirvieron a los intereses empresas
privadas, y produjeron el daño. Quieren
destruir la credibilidad de un candidato presidencial que ha tenido como
bandera la anticorrupción. Y claro, presentarse a sí mismos como campeones de
la moral y salvadores del patrimonio público.
El
asesinato de carácter también lo aplicó a los miembros de la junta de Epm, que
el había ratificado y nombrado, señalándolos como títeres del GEA. Calificativo que también utilizó contra el aliado
político que había nombrado de gerente, cuando lo obligo a renunciar.
Pero
Quintero salió a cobrar, con su habilidad para el embuste dijo que la decisión
de las aseguradoras se debía a su gestión.
Esos
cambios de opinión han sido comunes. Basta recordar que Luis Pérez, en marzo de
2018 -poco antes de la contingencia- en el momento que le correspondía vigilar
la marcha de las obras, en su condición de gobernador de Antioquia y presidente
de la junta de Hidroituango, presentó a
la asamblea el informe correspondiente en el que evidencia la alegría por la
buena marcha del proyecto. Era tan
optimista la mirada de Pérez que pidió que Epm le diera anticipos de lo que la
gobernación recibiría en las próximas décadas por la operación de
Hidroituango. Pero después de la
contingencia se dedicó a revelar verdades sobre las obras en las que sus
contradictores políticos aparecen como responsables de una tragedia anunciada. Para ello utilizó documentos producidos sobre
todo por sus amigos ingenieros.
Pero el
cuento se les está agotando.
Creo
que si el alcalde ahora acepta la solución racional del pago de los
aseguradores, es porque su política espesa y sucia, lleva a una advertida
quiebra de Epm, que sería, según diversos sectores de la sociedad, una segunda
y más grave contingencia.
Los
implicados en el asunto estamos, desde luego, alegres con la noticia.
Como he
prometido artículos cortos, en el siguiente va lo del BOOMT.
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