La
Contraloría me sancionó porque, por ejemplo, a pesar de mi ignorancia debí
oponerme por mi jerarquía a decisiones de alta ingeniería.
Al narrar mi caso con las incoherencias de la Contraloría
quiero evidenciar la arbitrariedad con la que juzgó a todas las personas.
Al principio la Contraloría me acusó de no haber cumplido
el deber de vigilar, como alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM,
lo pertinente al Proyecto Hidroituango.
Sí, una acusación demasiado general, de la que supuse, tras
hablar con mi abogado, saldría fácil, en vista de que según la ley 610 de 2000,
a más de cinco años de haber dejado de ser alcalde, la posibilidad de juzgar
mis actuaciones había prescrito. Llevaba
más de siete años por fuera del cargo, cuando sucedió la contingencia, aun así,
la prescripción no fue aceptada por la Contraloría.
También creímos que sería fácil desvirtuar la afirmación de
que no le había prestado atención a Hidroituango, porque en realidad sucedió lo
contrario. En una primera fase, en un proceso muy publicitado, trabajé
arduamente con Federico Restrepo, a quien nombré gerente de EPM, y Juan Felipe
Gaviria, contratado como asesor para el tema de Hidroituango, con el objetivo
de conciliar las diferencias con la Gobernación de Antioquia y encontrar un
modelo económico para construir la hidroeléctrica, con beneficio para ambas
partes. En ese proceso, que fue accidentado, contamos con los buenos oficios
del entonces presidente Álvaro Uribe y de su ministra Claudia Jiménez.
El acuerdo se formalizó en varios
documentos, pero especialmente en un contrato suscrito el día 30 de marzo de
2011, en el último año de mi gobierno. (Este modelo, del que hablaremos más adelante,
fue el BOOMT que no tenía antecedentes en el país). Luego de garantizar la
ejecución del proyecto por parte de Epm, le hice seguimiento desde la Junta
Directiva, que presidía. Le presentamos
a la Contraloría publicaciones de diversos medios de comunicación y actas de
las juntas de Epm, para demostrar mi preocupación constante por Hidroituango.
La respuesta de la Contraloría fue extraña y contraria a la
ley. Añadió cargos, pero además decidió que mi papel relevante, en esta historia,
no era ser el presidente de la Junta de Epm, sino ser miembro de la junta de
Hidroituango. (En realidad sí tenía un
lugar en esa junta, pero delegué en Juan Felipe Gaviria mi representación).
Las acusaciones hacen evidente que la Contraloría no identifica la naturaleza de las entidades, no diferencia entre una entidad pública y una empresa con inversión pública, confunde la estructura de la propiedad de la empresa Hidroituango, con la estructura acordada, entre las partes, para la construcción de la hidroeléctrica. Tampoco diferencia los roles de los condenados, de acuerdo con el lugar que ocupaban en ambas estructuras.
Hidroituango ha sido desde su fundación y sobre todo desde el 2008 una empresa de servicios públicos controlada por la Gobernación de Antioquia como accionista mayoritario. El Municipio de Medellín a través de Epm es otro accionista importante. Y también cuenta con pequeños accionistas privados.
La Contraloría me culpa específicamente por no haber
impedido:
a) que se licitara la
construcción de las vías de acceso al proyecto, sin contar con diseños
definitivos.
b) que se modificara el trazado de las vías cuando las mismas ya
se encontraban en ejecución.
c) que se modificara la altura de la presa,
originalmente diseñada y autorizada en la licencia ambiental.
d) que se consignaran
salvedades sustanciales al contrato BOOMT con EPM Ituango, que liberaron de
responsabilidad a EPM y modificaron la distribución de riesgos en perjuicio de
Hidroituango.
De esta última afirmación me ocuparé cuando hable de BOOMT.
Teniendo presente el esquema de la propiedad, quiero citar este
párrafo, que revela un punto de partida
de la Contraloría que puede explicar, el equívoco de sus conclusiones.
“En este sentido, el señor Fabio Alonso Salazar en calidad de alcalde de Medellín fungía para la época de los hechos como "jefe superior de la Administración", es decir como cabeza de un sector administrativo, como superior jerárquico de un ente territorial.
En
dicha calidad, es posible exigir responsabilidad fiscal a tales jefes
superiores de la Administración, cuando el daño fiscal ha sido generado por
servidores y en el ámbito de organizaciones que están bajo sujeción de tales
jefes, bien por jerarquía y/o por tutela. Es decir, la posibilidad de la
responsabilidad fiscal derivada del control jerárquico y del control de tutela”.
(s\n)
No es cierto que yo tuviera jerarquía alguna sobre las
instancias en que se tomaron esas decisiones. Fue la administración de
Hidroituango, controlada por la Gobernación de Antioquia, la que decidió iniciar obras “preconstructivas”, entre las
que se incluyen las vías.[1]
En
el conjunto de construcciones requeridas por Hidroituango se presentaron
dificultades con la geología y los aguaceros incesantes; y, por la ubicación e
historia de la zona, con una trama social compleja, complejos problemas de orden
público. Pueden mencionarse, como ejemplo, voladuras de torres por parte de la
guerrilla, resistencia de cultivadores de coca al paso de las vías, y
bloqueos de pobladores que decían haber sido excluidos del censo, etc.
Esas realidades de facto, obligaron a tomar decisiones que
la Contraloría convirtió en infracciones; como si hubiesen sido tomadas sin
razón y sin análisis. Las problematizó, magnificó sus efectos en la evolución
general de la obra, para para diagnosticar una especie falla sistemática y
continuada – en diseños,
licitaciones, construcciones – que habría reventado en abril 2018.
Lo de las vías nos permite evidenciar el error intencional
de la Contraloría. Es verdad que las vías se atrasaron, pero si se terminaron
en el 2013, es insostenible la idea de que influyeron en la construcción de la
GAD que arrancó en el 2016.
Como ustedes saben soy comunicador social y mi experticia es
en asuntos sociales. Gobernar exige tener conciencia en los límites de tiempo y
del conocimiento, y saber delegar. Tengo claro que temas de moralidad y el
control de la corrupción, son indelegables, pero no se encontró nada de eso. Encuentro
absurdo es que la Contraloría me culpe por no haberme opuesto a decisiones
estrictamente técnicas, como el cambio de nivel de la presa. ¿Cómo
podría oponerme a cosas aprobadas por los técnicos e incluso por los expertos que yo había buscado, para salvarme de mis
ignorancias?
En
el tercer artículo hablaré del BOOMT y del supuesto favorecimiento a los
intereses de EPM.
[1] Otras
decisiones tomadas por la administración de Hidroituango, controlada por la
Gobernación de Antioquia, fueron:
Participación en la subasta de
energía-
Licitaciones para varios estudios.
Contrato con el
BNP Paribas para estructurar modelo de
negocio.
Invitación publica para precalificar
constructores del proyecto.
Alonso Salazar como persona,como periodista y como alcalde siempre ha sido un señor
ResponderEliminarSu único interés ha Sido acertar al hacer lo que ha tenido que hacer con buena voluntad y humildad
Su gestión transparente y honesta es un ejemplo digno de imitar por parte de tanto pavo real que se pavones por ahí solo preocupados por resaltar sus egos